La inseguridad recorre a México

El fuego a discreción se extiende por todo el país. Ya no se sabe si es producto del crimen organizado o de bandas de narcotraficantes que se matan por controlar un territorio o rencillas personales o asesinos a río revuelto, pero si se sabe que el número de madres y padres angustiados y con luto en el corazón y un dolor infinito en el alma, crece incesantemente.

Esta semana el demonio que anda suelto arrasó con una familia en el Ajusco, mató al menos a una inocente en la Plaza Morelos de Monterrey y nada se sabe de 18 jóvenes michoacanos secuestrados en Acapulco. La sociedad esta pasmada ante tantas acciones delictivas y violentas realizadas a la luz del día, en el centro de las ciudades, que estalla en impotencia ante tan descarada impunidad.

En la reciente comparecencia de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, ante la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, se le expresó que no es posible que todos los días [][]nos despertemos con una noticia como la de hoy (la ejecución del alcalde de Tancítaro, Mich.) y que no tengan capacidad de respuesta para capturar a los causantes del crimen. En lo que si han demostrado eficacia es en que son extraordinariamente buenos para derramar sangre.

Por lo anterior, se ha dicho hasta el cansancio y en esta columna lo hemos dicho también, que la administración federal debe cambiar el enfoque de su estrategia, porque el problema de la delincuencia organizada no ha sido bien entendido ni los resultados han sido positivos. Sin embargo, al parecer, ya se están dando los primeros pasos en la medida de que esta semana el Ejecutivo envió una iniciativa para la construcción de una nueva Policía Federal, iniciativa que el propio Presidente manifiesta que todavía falta completarla, hacerla totalmente confiable, transparente y eficaz. Reconoce también que donde está el mayor reto es hacer nuevas policías estatales y municipales, si es que no desaparecen éstas últimas.

Desde luego, esta primera acción para combatir al crimen organizado, tendrá que ir acompañada, necesariamente, con un cambio en los Ministerios Públicos a nivel Federal y a nivel Estatal, hacerlos confiables, porque de nada servirá una policía eficiente si en los Ministerios Públicos se negocia la justica. Sólo cuando se cambien las instituciones de seguridad y de justicia, aumentarán las posibilidades de dar la vuelta, como se necesita, a este tema de la seguridad, aunque aún quedaría pendiente el tema de combatir su estructura financiera y su implicación más relevante que es el lavado de dinero.

Donde afloran con mayor claridad la falta de transparencia en la acción de la Policía y de los Ministerios, es en Ciudad Juárez, donde sus habitantes se encuentran agobiados entre la violencia relacionada al tráfico de drogas y las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Dicho de paso, esta observación vale para todo el país. Juzgue usted, amable Lector: en el documento titulado Abuso y miedo en Ciudad Juárez: un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México, se exponen casos como el de Israel Arzate, que asegura haber sido torturado por policías y militares que le dieron choques eléctricos en el pecho y abdomen, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar. Después de dos desmayos producto de los golpes y quemaduras y ante la amenaza de que los policías violarían a su esposa, Arzate dijo finalmente que sí había participado en el asesinato de 16 adolescentes en la popular colonia de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Más allá de que en justicia Arzate haya participado o no en tan lamentable y desgarrador suceso o de que sean argumentos de abogados con intereses políticos que buscan desacreditar al ejército, las Fuerzas Armadas no ha dado una respuesta satisfactoria a la inseguridad que sobre este y otros casos (estudiantes del Tecnológico de Monterrey o Ines Fernandez, indígena de 17 años violada por soldados) asola a muchas regiones de México. Para demostrarlo, WOLA -una organización promotora de los derechos humanos- hace referencia al alto índice de asesinatos que se cometen pese a la presencia militar: 91 por cada 10,000 habitantes en Ciudad Juárez.

Estadísticamente, el Presidente Calderón aseguró en recién entrevista, comparando a México contra los peores años de Colombia, que nuestra situación es más controlada porque dicho índice es de 13 por cada 10,000 contra 38/10,000 de los colombianos. ¿13? ¿Y entonces los 91 que asegura WOLA? ¿A quien creerle? Cheque usted este dato y saque conclusiones. Cito textualmente de un editorial de El Universal: “Desde 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, asumió el mando y lanzó su Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, las quejas contra el Ejército interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aumentaron un 300%”. A cualquiera se le paran los pelos cuando se entera de los ingredientes que contiene el coctel de obscenidades más frecuentes que registran los funcionarios de la CNDH mediante las denuncias recibidas: “tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, detención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica".

El tema de fondo es que se fomenta un círculo vicioso, ya que las violaciones a los derechos y garantías individuales de las personas, en la medida que queden impunes, generan nuevas violaciones y debilitan el prestigio y la confianza que, como quiera que sea, el pueblo de México tiene en su ejército y bien ganada por su ayuda a la población en todo tipo de desastres. Aquí, no hay manera de “suavizar” el impacto del ejército en la población, ya que justamente éste recibe la orden de combatir, para lo cual ha sido entrenado y en el proceso de cumplir su misión emplea todo su poder y arrasa con lo que se encuentra en el camino. No podemos poner al ejército a jugar guerritas en la sala de la casa y decirle que tenga cuidado, que no rompa las cosas. No puede ser, así que las Fuerzas Armadas hay que regresarlas a sus cuarteles y sustituirlas con este proyecto de Policía Federal, dotada de personal especializado, altamente capacitado y con reglas de transparencia en su operación, si no, la impunidad seguirá enseñorandose.

Hoy se considera a Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del país. Todo un pueblo laborioso y mexicano hasta las cachas que ha sido duramente castigado. Primero, por “las muertas de Juarez” y ahora, por sus jóvenes asesinados. ¡Ya basta!