Cobertura Informativa de la Violencia

El camino al infierno esta empedrado de buenas intenciones. Algo cierto debe de tener esta añeja sentencia que, al menos en mi caso, la vengo oyendo de los abuelos, de los padres y tíos y hasta de los amigos, particularmente cuando se plantea algo que suena bien, que tiene sentido y que es loable, pero que la mar de las veces termina en fraude o, por decir lo menos, en decepción.

Tal puede ser el caso del “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, firmado el pasado 24 de marzo por los representantes de 715 medios de comunicación, instituciones académicas y asociaciones civiles, entre otras, en el Museo Nacional de Antropología e Historia bajo el contexto del proyecto del sector privado denominado “Iniciativa México 2011”. Lea usted quienes fueron algunos de los principales signatarios: diarios de circulación nacional como El Universal, Milenio, El Economista y El Financiero; grupos de radio y/o televisión como Canal 22, Once TV México, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y Grupo Radiocentro; instituciones académicas como la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como asociaciones civiles entre las que se encuentran México SOS, México Unido Contra la Delincuencia y las Asociación Alto al secuestro. Observe que la UNAM aún no muerde el anzuelo de la firma aunque su titular aparece entre las personalidades que fungieron como testigos de la suscripción del Acuerdo, todos ellas reconocidas y líderes de opinión, como José Narro Robles, Julieta Fierro Grossman, Juan Ramón de la Fuente, Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín y otros.

El Acuerdo expone que la delincuencia organizada ha llegado a un grado de violencia tal, que ya se ha vuelto una percepción de terror en la sociedad, que amenaza tanto las libertades fundamentales como las de expresión y prensa. Por otra parte, se ha desbordado el riesgo para los periodistas y sus casas editoriales, por el hecho de cubrir la fuente de las acciones criminales. Expone también, que en su deber de informar a la ciudadanía, los medios se pueden convertir, involuntariamente, en instrumentos de propaganda para el crimen organizado. De modo que, en un acto de “autocensura”, los medios deben de resolver un dilema: informar sin exaltar (no hacer propaganda de la violencia). Al mismo tiempo deberán mantener un debate: si el gobierno combate al crimen organizado de la manera adecuada. El límite del Acuerdo está en el reconocimiento de que sin libertad de expresión no hay democracia, declaración que no encaja con la idea de que el Acuerdo pretende homologar una misma forma editorial, que los periodistas no firmen sus notas, que se elaboren notas conjuntas y no hacer reportes en vivo en las zonas violentas, protegiendo así la integridad de los periodista y de las víctimas.

Como ya dijimos, el propósito del Acuerdo se inscribe en el pergamino de las buenas intenciones y es por ello loable. Sin embargo, con la pena de ser un aguafiestas, comparto con usted, apreciado Lector, algunas señales de advertencia.

1. El mensaje general puede entenderse como que todos deben de pensar igual y no darle tanta proyección a la violencia, de esta manera las cosas, pensamos otros, no se verán tan duras como realmente están. Política de avestruz: esconder la cabeza.

2. En el Acuerdo sólo se maneja, discretamente, el abuzo de poder que en razón de su accionar comete el ejército y las otras fuerzas públicas. Por otra parte, recuerde usted que el Presidente ha manifestado en diversas ocasiones que los medios contribuyen a crear un ambiente de temor en la sociedad y, hasta parece que justifican los actos violentos y convierten en héroes a algunos malhechores. Pues bien, ambos comentarios nos hacen inferir que dicha iniciativa viene de las más altas esferas de gobierno, lo cual es motivo de desesperanza antes que de entusiasmo, porque en vez de atenuar el problema de manera efectiva, parece que la mejor opción es taparlo.

3. ¿Es esta una buena iniciativa? ¿Taparlo o ignorarlo? A cuanto testaferro capturen con un arma larga o corta pero calibre .38, para el caso es igual, ¿deberá ser tratado como presunto inocente antes que como presunta culpable? Lo cierto hoy es que la generalidad de los medios de comunicación y del gobierno, han agotado su crédito ante la sociedad y este Acuerdo no abona mucho para recuperarlo. Más bien parece que el miedo ya penetró a los medios, que el gobierno reconoce implícitamente su incapacidad para suprimir a las organizaciones criminales por increíble que parezca y que, una forma de paliar su ineficacia, es hablando menos del problema lo que significa, en la práctica, una “Ley Mordaza”, discreta, disfrazadona, pero por algo se empieza.

4. El Acuerdo incluye un compromiso relacionado con la participación ciudadana el cual se dará a conocer, reglas y funcionamiento, en un plazo de 30 días. O sea, en poco tiempo veremos una estructura novedosa en la cual los patos le tiran a las escopetas. Me explico: lo normal, aplicando un principio de autoridad, es que alguien diga lo que se tiene que hacer y vigile que se haga; lo anormal es que ese alguien se autoponga un vigilante y le indique lo que debe vigilar.

Bien, como aún no han hecho su reglamento para que opere el citado organismo ciudadano de vigilancia sobre el apego de los medios al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo, aprovecharemos para mandarles desde aquí algunas características que debieran incluir para solventar algunas impurezas del parto: a) que los miembros del Consejo Ciudadano no sean ni dueños ni ejecutivos de los medios; b) que sea un organismo autónomo con un presupuesto de gastos obtenido de una colecta pública y, en ciertos casos, de ONG altruistas; c) que sus directivos lo sean a título honorario y, d) que entre los miembros del Consejo se incluyan Consejeros estudiantes. Por lo pronto, que nadie le saque a ¡decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad!